¿A quién recordamos de la historia #MeToo de la década: Rowena Chiu o Harvey Weinstein? La mayoría de la gente reconocerá el nombre de Harvey Weinstein como el de un depredador en serie de mujeres. Sin embargo, ¿recordamos a las mujeres que hablaron sobre esto?
Mientras el movimiento #MeToo se extendía por todo el mundo, algunas de las historias de abuso más atroces surgieron de las Naciones Unidas. Estos abusos prosperan en la ONU debido a su estructura única que impide la rendición de cuentas y la transparencia.
En materia de acoso sexual en el lugar de trabajo, la ONU investiga y se informa a sí misma. Al ser parte y juez del proceso, al establecer tanto las reglas como su aplicación, y al no tener la experiencia para apoyar a los sobrevivientes durante todo el proceso, el sistema de justicia interno de la ONU difícilmente puede llamarse justicia.
Como destacó Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA, en julio 2020: “Tenemos un sistema de justicia defectuoso que no se ocupa de la víctima. Se trata sólo de las reglas, y las reglas no se sopesan de manera ecuánime en interés de la justicia de alguien que ha sufrido abuso de poder”.
Las entidades de la ONU a menudo convocan investigaciones sobre abusos para “calmar” las tormentas mediáticas que estallan después de que surgen las historias. Así lo ejemplifica el caso de ONUSIDA, cuando en febrero de 2018 los medios informaron sobre un presunto acoso sexual por parte de su entonces director ejecutivo adjunto, Luiz Loures, quien niega las acusaciones. Después de una intensa presión, en una carta a las organizaciones de derechos de las mujeres, la oficina del secretario general de la ONU dio la bienvenida al lanzamiento de una investigación más amplia sobre las acusaciones. Lo que no decía la carta es que estas investigaciones tardan años en completarse y que los funcionarios de la ONU saben -lo que muchos sobrevivientes no saben- que no tienen la obligación de divulgar sus hallazgos.
En efecto, los precedentes indican que no lo hacen. No a las mujeres que hablaron, no a su junta directiva, a nadie. Tampoco se dice que, si bien los hallazgos permanecen confidenciales, los nombres de los miembros del personal que brindaron testimonio son visibles para la agencia. La asimetría de poder es innegable.
Después de dos años, en agosto 2020, la investigación de ONUSIDA concluyó silenciosamente. Hasta la fecha, no ha habido ningún reconocimiento público de que el informe exista y las solicitudes de acceso fueron denegadas con el argumento de que “condiciones” impidieron su divulgación. El sistema está, sencillamente, diseñado para permitir que estos casos mueran lenta y silenciosamente. Si bien ONUSIDA ha implementado un plan de gestión en respuesta, se limita a centrarse en soluciones de gestión interna y ninguna de las 25 acciones se centra en apoyar a los supervivientes. Además, hasta donde sabemos, ninguna de las mujeres que hablaron sigue empleada por ONUSIDA. Dentro de la organización, sus historias se han convertido en una advertencia.
El caso de ONUSIDA es sintomático del abuso y el silenciamiento de sobrevivientes y denunciantes, endémico en la ONU. En una encuesta reciente, el 28% de los encuestados dijeron que temían represalias si informaban sobre explotación y abuso sexual.
Más recientemente, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) enfrentó acusaciones de explotación y abuso sexual en la República Democrática del Congo, emprendió un camino similar al de ONUSIDA en 2018: establecer un panel independiente y comprometerse con la tolerancia cero. Aunque a primera vista ninguna de estas acciones parece fuera de lugar, la historia advierte que no hay que confiar en las palabras bien redactadas. Los paneles, los grupos de trabajo y los planes revisados forman parte del arsenal de defensa de la ONU contra las acusaciones. Si tienen o no buenas intenciones no es la cuestión. Lo que debemos preguntarnos como comunidad internacional es si estas acciones logran justicia para los sobrevivientes y van lo suficientemente lejos para prevenir futuros abusos.
Del 25 de noviembre al 10 de diciembre 2020 se cumplieron los 16 días de activismo contra la violencia de género. El tema “De la toma de conciencia a la rendición de cuentas” exige que arrojemos luz sobre las consecuencias para las víctimas de abuso cuando no existe la rendición de cuentas.
Durante la campaña de 16 días del año pasado, nuestro llamado fue doble:
Primero, la rendición de cuentas y la transparencia dentro de los sistemas de la ONU y de los procesos externos independientes para investigar e informar, que cumplan con los estándares para los enfoques centrados en los sobrevivientes.
Segundo, la necesidad de apoyo activo para los supervivientes, tanto cuando se hacen las denuncias como después. Reconocer cómo la experiencia de cada superviviente está determinada por identidades interseccionales y equiparlos con el apoyo psicológico, legal y social que necesitan.
La ONU es el guardián y quien define el standard normativo de los derechos humanos de mujeres y niñas. Sin embargo, desde el cansado lema de “tolerancia cero” hasta las garantías de “enfoques centrados en los sobrevivientes”, la ONU seguirá sin cumplir con su propia retórica hasta que la comunidad internacional no la haga responsable públicamente y sin vacilaciones.
[1] Este artículo fue publicado por primera vez en Devex Link.
* Claudia Ahumada es una abogada de derechos humanos globales y experta en género de Chile y Canadá, especializada en cambio participativo. Trabajando en la intersección de los derechos y la evidencia, ha desarrollado capacidades y desarrollado recursos para incorporar de manera significativa el género y la diversidad en los esfuerzos de cambio. Es la Directora de Promoción de la Sociedad Civil y las Comunidades del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Ex miembro del personal de ONUSIDA, denunció las medidas institucionales adoptadas para desacreditar a las mujeres que denuncian el acoso. tw @ClaudiaAhumadaG
* Malayah Harper es una experta en salud mundial y derechos de las mujeres y una poderosa voz de #MeToo. Es ejecutiva residente en el Centro de Política de Seguridad de Ginebra, asesora de Participación justa de mujeres líderes, miembro de la junta fundadora y defensora mundial de SheDecides, y directora entrante de salud y derechos sexuales y reproductivos en EngenderHealth. Es la anterior directora de igualdad de género y diversidad de ONUSIDA. Fue la primera mujer en renunciar a su derecho al anonimato y hablar públicamente sobre el acoso sexual en ONUSIDA en 2018. tw @MalayahHa
[1] Traducido del inglés por Andrea Balart-Perrier.
No hay comentarios:
Publicar un comentario