Hace varios meses que se han visto masivas protestas en Argentina por las medidas mediante decreto que ha tomado su presidente Javier Milei. Además de las diferentes protestas organizadas por grupos estudiantiles o de trabajadores de ciertas áreas; han sido las protestas de los jubilados y pensionados las que han llamado más la atención mediática y que en las últimas semanas han despertado a la nación sudamericana.
Desde la década de los 90, los jubilados y pensionados en Argentina se movilizan los días miércoles para exigir mejores pensiones. Comenzó con las reformas previsionales de Menem, que crearon un sistema de capitalización individual administrado por empresas privadas, las que utilizaban el dinero de las jubilaciones para la inversión en el mercado bursátil, bajo el pretexto de buscar rentabilidad. Ese sistema fue disuelto en 2008, impulsado por operaciones de las administradoras privadas, quienes utilizaron los fondos de manera ilícita y para su enriquecimiento de manera fraudulenta; además del ya conocido fracaso del modelo que fue instalado inicialmente en Chile bajo la dictadura militar de Pinochet y apoyado por el Fondo Monetario Internacional. En Argentina, hoy sólo existe un sistema único de reparto estatal, luego de la eliminación del sistema privado durante el gobierno de Cristina Kirchner. Sin embargo, con las reformas previsionales de Macri en 2017, las jubilaciones sufrieron no sólo recortes, sino que subió las exigencias y la edad de jubilación; debido a las exigencias del FMI de, por ejemplo, reducir en gastos públicos, como condición para el otorgamiento de un préstamo de 50 mil millones de dólares, el más grande que ha hecho la institución a alguna la nación. Este último suceso generó masivas manifestaciones en Argentina, además de aumentar la deuda externa a montos ridículos y suscitar una investigación por fraude en contra de Macri, 6 años después.
La “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, presentada por Milei en los primeros veinte días de mandato, que contenía reformas a la administración del Estado, en seguridad y defensa, en previsión, en materia laboral, salud pública, interior, infraestructura y más; muchas a sectores del Estado que el poder ejecutivo no tiene facultad para intervenir. La ley fue aprobada en junio por la Cámara de Diputados con importantes modificaciones del Senado. De sus elementos más significativos se puede destacar la lista de 41 empresas públicas sujetas a privatización o concesión, la cual fue reducida a 6 por el Senado. Asimismo, la propuesta original entregaba facultad al ejecutivo para intervenir bajo declaración de emergencia en 11 sectores del Estado durante los primeros dos años de mandato y prorrogable a los siguientes dos años a discreción del ejecutivo. El Senado redujo esas materias a sólo 4 (administrativa, económica, financiera y energética) en un plazo de 1 año.
Las reformas laborales de la Ley de Bases han sido especialmente criticadas. Por ejemplo, esta ley creó un modelo de colaboradores del trabajador, donde un empleador puede contratar a colaboradores por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, sin las protecciones laborales que exige aquella ley.
También, previo a la ley, si un empleador despedía a un trabajador por razones discriminatorias, ya sea por raza, género, sexo, orientación sexual, ideas políticas o religiosas u otras; el trabajador no sólo podía exigir el pago de indemnización por despido discriminatorio, sino que también reclamar la reinstalación en su puesto de trabajo. La reforma de Milei obstaculiza la solicitud de reinstalación, y agrava la indemnización. Es decir, permite que las empresas paguen por discriminar, y genera una desprotección laboral al trabajador. Esta reforma permite retornar a prácticas antisindicales; el empleador sólo tendrá que pagar una indemnización más alta, pero el despido por discriminación será válido. Destacados expertos en derechos humanos y constitucionalismo han declarado que la reforma es inconstitucional. Aun así, ya se han visto empresas multinacionales utilizando la nueva ley; la multinacional alemana Volkswagen en Argentina despidió a un ex líder sindical, y a pesar de que un juzgado declaró su invalidez, la empresa aún no lo reincorpora. Similares casos se han visto en la estadounidense Praixar, la transnacional Pilkington Automotive, y la multinacional británica Shell, esta última con tres despidos de gremialistas que la justica laboral ya había declarado en 2014 su reincorporación por ser despidos basados en discriminación.
Y, ¿qué ha pasado en los últimos días? El gobierno de Milei ha tomado un camino similar al que tomó Macri en 2017, acercarse al FMI para solicitar una inyección de capital, y al igual que hace casi una década, ese préstamo viene amarrado a condiciones, muchas de las cuales son aún desconocidas. Una de esas exigencias es el fin de la moratoria jubilatoria, lo que perjudicaría no sólo las pensiones actuales, sino que a las personas que no tienen los años suficientes requeridos para acceder al mínimo de jubilación. El Gobierno de Milei ya ha anunciado que no continuará con la moratoria, a pesar que la mayoría de las personas se jubilan bajo ese modelo.
Milei buscó que se validara un decreto que le permite negociar un endeudamiento para Argentina directamente con el FMI, sin conocerse aún el monto de ese préstamo ni las bases del acuerdo, por lo que se ha categorizado como un cheque en blanco, lo que podría ser perjudicial para la economía del país. Grupos políticos opositores al gobierno y expertos constitucionalistas describen este acto como inconstitucional.
El miércoles de esta semana, el Congreso votó para validar el decreto que autoriza a Milei a negociar con el FMI, entregando un precedente de gobernar mediante decretos. Esta forma de conducir el país ha sido una muestra de autoritarismo del gobierno de La Libertad Avanza, ya que no requiere del consenso con otras fuerzas políticas.
Por otro lado, la estrategia de desprotección social no es algo nuevo en esta administración. En septiembre, Milei vetó una ley que aumentaría el monto de las pensiones en 17 mil pesos argentinos (menos de 15 euros), un ajuste mínimo por la subida de precios de la canasta básica debido a la inflación. Además, el gobierno decidió congelar el bono de 70.000 pesos (60 euros), deteniendo su reajuste y no permitiendo que accedan al bono quienes cobran pensiones por sobre 260 euros. Por otro lado, también se limitó la cobertura de medicamentos, a pesar que los precios de los medicamentos comúnmente utilizados por adultos mayores a subido en promedio 200%.
El gobierno a la vez eliminó las regulaciones al sector farmacéutico. Esto es particularmente significativo considerando que muchos de los poseedores de grandes capitales privados argentinos son dueños de laboratorios, quienes, en el primer año de Milei, aumentaron su facturación en 360%.
Otro veto importante fue el que Milei dio a la Ley de Financiamiento Universitario. Este veto implica que los sueldos de docentes o los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales no se ajustarán por la inflación.
Sumado a esto, el gobierno ha aumentado los ingresos de las fuerzas policiales federales, generando aún más indignación popular.
Durante los últimos meses se han visto imágenes de manifestaciones masivas de jubilados en las calles de la capital y otras ciudades del país, la mayoría de ellos adultos mayores, las que han sido fuertemente reprimidas por las fuerzas policiales. La complicidad de los medios tradicionales tanto nacionales como internacionales ha sido recurrente, mencionando la violencia como enfrentamientos, y omitiendo la despiadada agresión policial contra adultos mayores y otros manifestantes en apoyo.
Las protestantes hablan de una sensación de abandono, no sólo del gobierno, por bloquear aumentos a las pensiones requeridas por el alza de precios, sino que de otros sectores políticos incluso de oposición que han votado junto a las fuerzas de apoyo de Milei. Además, ha habido fuertes llamados a los sindicatos, en particular a la central sindical más grande del país, la que se ha resistido a llamar a huelga en apoyo a los jubilados.
Las protestas de los miércoles han sido ininterrumpidas desde agosto, con otros grupos que sí se han sumado a la protesta, en particular grupos y federaciones de estudiantes, organizaciones sociales y sindicatos de trabajadores que han sido también perjudicados por las políticas de Milei. Entre ellos están los trabajadores de la salud, profesores y trabajadores de aeropuertos y aerolíneas; además de seguidores y organizaciones de equipos de fútbol. Estos últimos, que se unieron masivamente a la protesta una semana atrás, han sido catalogados por el gobierno y la prensa como barras bravas que han suscitado violencia, pero las imágenes de represión policial cuentan otra historia.
En los 16 meses que lleva el gobierno de La Libertad Avanza, se puede argumentar que, de libertad, poco. Los jubilados han perdido derechos adquiridos en décadas de lucha; su poder adquisitivo ha bajado tanto que muchos ya no pueden siquiera acceder a una canasta básica con sus ingresos.
Es claro que lo que Milei busca es retroceder significativamente en derechos sociales, y no sólo por la situación de las jubilaciones. Por ejemplo, ha desregulado a las empresas privadas de energía. Esto se evidencia al ver que las tarifas del gas y el combustible subieron más del doble durante 2024, llegando a precios internacionales en un país productor, y con uno de los yacimientos de gas más importantes a nivel mundial. Además, a pedido del FMI, con el fin de asegurar un superávit para el pago de la deuda, Milei ha reducido los subsidios estatales, por lo que la carga del alza en las tarifas impuestas por aquellas empresas, la llevan los usuarios.
Milei, con sus reformas llamadas de motosierra, ha quebrado con derechos sociales que se lograron después de una feroz dictadura y de gobiernos autoritarios y populistas como el de Menem. La gestión del gobierno ha beneficiado a grandes empresas y empresarios.
Por ejemplo, el sector bancario, en donde algunos bancos vieron sus ganancias duplicadas en los primeros meses del gobierno. Asimismo, el sector privado se ve beneficiado por tasas bajísimas a sus préstamos, lo que sigue situando a Argentina como un país de alta rentabilidad financiera para los grandes capitales bancarios.
Los grandes conglomerados empresariales de producción de alimentos, un sector oligopólico, en donde 3 empresas controlan 75% del mercado alimentario, tuvieron ganancias exuberantes. Arcor, por ejemplo, generó más de doble en ganancias en los primeros 9 meses de 2024 comparado con 2023, esto gracias a la liberación de precios del sector, lo que ha generado aumento en precios a niveles exorbitantes y por encima de la inflación. Ya es común el registro de las familias dueñas de las empresas alimentarias argentinas Arcor y Molinos, Pagani y Pérez Companc respectivamente, en el listado de fortunas multimillonarias personales de la revista Forbes.
Las mujeres han sido también desventajadas por las políticas de Milei. En 2024, 7 de cada 10 hogares monoparentales estuvieron por debajo de la línea de la pobreza y existe una brecha de género salarial de casi 30%. Los datos del Ministerio de Economía muestran un persistente aumento en la desocupación de mujeres y una brecha de desocupación 19% más alta que en hombres.
La desprotección laboral para mujeres ha sido otro obstáculo. A pesar que dentro de las reformas laborales de Milei se promueve el trabajo registrado, el gobierno ha intentado derogar el artículo en la Ley de Empleo Doméstico que indica la indemnización en caso de no registro por parte del empleador, dificultando la regulación de un sector en su mayoría realizado por mujeres, un alto porcentaje de ellas migrantes y que es globalmente impactado por la informalidad.
Además, el gobierno ha reducido el financiamiento para los programas contra la violencia de género, desestimando la subida en feminicidios.
La trayectoria de Milei muestra un claro patrón, priorizar la liberación económica en detrimento de derechos sociales y fundamentales. Su gobierno ha desmantelado sistemáticamente la protección laboral de trabajadores, jubilados y pensionados y comunidades en situación de vulnerabilidad en general, beneficiando, a la vez, a grandes corporaciones y élites financieras. Se ha visto una consistente resistencia a través de protestas masivas, particularmente de jubilados y pensionados adultos mayores, quienes han logrado generar relaciones de solidaridad nacional, conglomerando a diferentes sectores afectados por la motosierra de Milei. La lucha por dignidad, justicia económica y protección social seguirá vigente en las calles semana a semana, demostrando el aumento del descontento con políticas que han profundizado la desigualdad social y agudizado las consecuencias económicas a los más pobres.
Marzo, 2025.
* Juliana Rivas es socióloga y magíster en desarrollo urbano. Es fundadora y miembro de la asociación sin fines de lucro Vía Austroboreal e.V. con sede en Berlín, donde se dedica al desarrollo de proyectos, la generación de contenido educativo y la transferencia de conocimientos en torno a los feminismos, la migración, la justicia climática, el colonialismo y las temáticas socio-urbanas. Escribe ocasionalmente en medios y revistas en Alemania y Chile. Además, es activista antimilitarista en organizaciones vinculadas a luchas emancipadoras. Actualmente vive en Berlín.
Original photography © Daymar Toussaint.
Image postproduction: Andrea Balart.
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