Desde octubre del 2019 a la fecha hemos vivido en Chile un torbellino de emociones provocado por ese proceso de despertar y lucha por las transformaciones profundas e imprescindibles que requiere el país, impulsando un trabajo persistente desde las organizaciones sociales, incluso en plena pandemia, entre la incertidumbre y amenaza que produjo el virus COVID-19, y que hoy nos sitúa con esperanza frente al plebiscito de salida del proceso constitucional.
En el medio de ese fragor, las banderas feministas y migrantes han estado unidas, entrelazadas, danzando rítmicas y con colores brillantes, porque juntas representan a grupos de la población tremendamente golpeados a lo largo de la historia por las exclusiones de distinto orden. Dentro de ellos, las mujeres migrantes, refugiadas, afrodescendientes e indígenas, trabajadoras precarizadas y de la disidencia sexo genérica han sufrido la violencia ejercida multidimensionalmente con especial crueldad y fuerza.
La lucha del feminismo que palpamos hoy incorpora esta lectura y perspectiva, enriqueciendo su alcance y sentido. Como afirmó Angela Davis, en su conferencia en Barcelona en el año 2017, “cualquier tipo de feminismo que privilegie a las que ya tienen privilegios es irrelevante para las mujeres pobres, las mujeres trabajadoras, las mujeres negras y las mujeres trans. Si se crean estándares de feminismo para los que ya están arriba en la jerarquía económica, ¿esto cómo se relaciona con las mujeres que están abajo del todo?”
Por esto es que resulta imperioso reconocer que el feminismo actual debe desarrollar e impulsar estrategias que no sólo cuestionen las diferencias de género, sino también la explotación económica dentro de los países y en las relaciones internacionales, el racismo, el fascismo y la destrucción de la naturaleza, desde una perspectiva integradora.
La propuesta de texto constitucional construida en Chile contiene elementos que permitirían avanzar sustantivamente hacia la construcción de una sociedad que ponga en el centro esa mirada transformadora, aunque algunos aspectos fundamentales para las feministas, organizaciones de migrantes, pueblo afrochileno, entre otros colectivos, quedaron pendientes y habrá que seguir trabajando por ellos.
La nueva Carta Magna, de ser aprobada, situará a las personas, la naturaleza y la comunidad en el centro, desde la perspectiva del cuidado y el respeto, al tiempo que dará herramientas para ir superando las secuelas (incluso aquellas institucionalizadas) del colonialismo, neocolonialismo, neoliberalismo y patriarcado que tanto daño han producido.
Para las mujeres migrantes y refugiadas vendrán tiempos mejores, pues el Estado de Chile deberá garantizar que no se ejerza discriminación de ninguna índole, dejando atrás los atropellos que cientos de nosotras hemos vivido por razones de género, color de piel, nacionalidad y/o condición migratoria. Las identidades culturales de las comunidades de personas migrantes serán reconocidas, respetadas y promovidas, desde el enfoque intercultural, entendiéndose como aportes para la riqueza diversa de la sociedad. Las niñas y niños que nazcan en esta tierra tendrán derecho constitucional a la nacionalidad chilena y quienes han llegado a vivir aquí podrán votar y ser electos/as luego de cinco años de residencia. Las personas que requieran pedir asilo, incluyendo a muchas mujeres que se ven amenazadas por las más graves formas de violencia en sus países, contarán con ese derecho y con no ser devueltas al lugar de origen, acorde a lo planteado por los Tratados Internacionales. También las personas de nacionalidad chilena migrantes en el exterior avanzarán en el resguardo de sus derechos políticos y cívicos para efectivamente ser y sentirse parte de Chile, aunque su lugar de residencia esté cruzando las fronteras.
Pero además de todo lo anterior se apreciará el reconocimiento al trabajo de cuidado a hijas e hijos, a personas mayores o en situación de discapacidad, el que hasta hoy sobre todo realizan las mujeres. Por vez primera serán respetados sus derechos sexuales y reproductivos, se garantizará una vida libre de violencia y se consagrará la participación paritaria en la política y la gestión estatal. La naturaleza, de la que somos parte ineludible, será protegida, permitiendo el desarrollo de la vida en ríos, bosques, desiertos, mares y glaciares. Y por fin se podrá acceder a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y pensiones dignas, entendidos como derechos sociales fundamentales y garantizados para todas las personas que residan en el territorio nacional, sin importar si somos personas migrantes o nacionales.
Se acerca el 4 de septiembre y con ello el momento de ratificar el camino que nos permita avanzar en dignidad y democracia, incorporando explícitamente a grupos que durante siglos han estado “al margen”, erradicando las formas más explícitas pero también más invisibles de abusos y atropellos, generando condiciones para que luego las legislaciones y políticas públicas materialicen el anhelo de un país más justo y solidario, en el que las mujeres, migrantes y chilenas, seguiremos tomadas de la mano, porque el cambio constitucional es un gran paso, pero queda mucho camino por recorrer. ¡Nunca más sin nosotras!
* Catalina Bosch Carcuro es parte de Organización Migranta y vocera de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile. Fue candidata a la Convención Constitucional, dentro de la articulación Movimientos Sociales Constituyentes.
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